Los bancos españoles vuelven a incurrir en otro delito

Por tercer año consecutivo vuelven las normativas de blanqueo de capitales en España a ofrecernos la imagen equivocada de lo que tienen que ser las buenas prácticas bancarias.

En esta ocasión el afectado ha sido el inversor chino, no la comunidad china, sino el verdadero inversor que intenta desarrollar sus negocios en España. Cabe indicar que si bien son la noticia del año, antes, otros inversores como los venezolanos, colombianos, árabes, rusos y diversidad de países de Europa del Este, fueron los afectados de igual manera.

El bloqueo de sus cuentas viene afectado por la solicitud por parte de los bancos españoles de la reclamación del origen de los fondos, en esa política de búsqueda de control de blanqueo de capitales. Lo curioso es que los fondos no son depositados en el banco de forma espontánea, sino que vienen transferidos por medio del control de Swift, institución ubicada en Bélgica y aceptada por toda la comunidad internacional para las transferencias internacionales, desde otro banco internacional, en muchas ocasiones de bancos mucho más grandes que los españoles.

Para que se pueda entender el impacto en los inversores, sólo hay que plantearse a uno mismo visitando otro país en plan de turismo y yendo a un banco con la tarjeta de crédito de uno mismo a sacar dinero y que tuvieran que presentar la misma documentación del IRPF que realizan en España bajo la sospecha de que su dinero no es lícito. No cabe duda que posiblemente sería la última visita a ese país.

De acuerdo a este tipo de solicitudes, se está pre-estableciendo en España el cuestionamiento de la capacidad de todos los bancos internacionales en el control de blanqueo de capitales de sus entidades, entidades que están correctamente reguladas por otras Administraciones, incluso, aún más proteccionistas que el Banco Europeo, como puede ser la Reserva Federal Americana.

Por otro lado, todos los fondos emitidos desde otro banco, vienen garantizados por el control de blanqueo de capitales, lo que genera una contraposición a una segunda reclamación de dicha certificación por parte de los bancos a sus clientes extranjeros. Hay que considerar que los bancos españoles no tienen jurisdicción, ni capacidad de reclamación sobre actividades desarrolladas en otros países, y que en caso de no aceptar los fondos provenientes de otros bancos, deberían identificar, previamente a la apertura de cuentas, la «lista negra» de todos esos bancos, que hoy en día suponen el 95% del mercado mundial de fondos de inversión.

El perjuicio viene para el país, para España, que se va encontrando diezmado de inversiones extranjeras fruto de una política, más parecida a un proteccionismo inversor local o europeo, que a un control de blanqueo de capitales, que no tiene sentido ni ley que lo sustente.

Es ahí donde las instituciones bancarias internacionales, en especial las del Reino Unido y las de EEUU empiezan a encontrar un filón para hacerse con el control de las mayores inversiones extranjeras en España, sin la necesidad de generar inversiones en España, sino, quedándose con dichas inversiones en sus propios países y utilizando el endeudamiento bancario español para que sus clientes, antes de los bancos españoles, puedan desarrollar sus inversiones en España.