EL NUEVO PROYECTO DE LEY SOBRE DAC 6 CONTRA LA EVASIÓN FISCAL, OTRA MUESTRA DE INCOMPETENCIA LEGAL

Se dice que los extremos son tan iguales que la línea que los separa es muy fina. El nuevo proyecto de ley sobre DAC 6 nos ofrece esa visión clara de lo que viene a ser la persecución del estado.

Disfrazado de proyecto de ley contra las compañías internacionales, ese capitalismo basado en la opresión de los obreros, el gobierno ha lanzado este mayo un nuevo proyecto de ley que irá contra cualquier persona de clase media, contra la pequeña y mediana empresa y contra los autónomos, por encima de la mera justificación de persecución de los más ricos.

El proyecto de ley formulado presenta unos vacíos legales que ampararán las actividades lícitas o ilícitas de aquellos que puedan pagarse a buenos expertos internacionales, pero que pondrán en la mira del ministerio de Hacienda a todo el sector pyme, autónomo o profesional de clase media que pague sus impuestos o que esté encargado de redactarlos.

Recordando los tiempos de la Alemania Nazi, la Gestapo, o policía estatal contaba apenas con 400 profesionales, pero su omnipresencia radicaba en las normas generadas por el estado que obligaban a todo alemán a ser confidente bajo pena capital de la maquinaria del estado. Ello llevó a que el sistema contaba con más de 4 millones de confidentes permanentes en sus filas, fuera cierta, o falsa la información que se suministraba. El estado prefería tener un aluvión de información falsa para poder obtener información verídica entre todo aquello.

La nueva ley se ampara en lo mismo, y la han evaluado con el mismo criterio. El aluvión de información que van a recibir generará problemas de criterio, pero finalmente podrán localizar potenciales operaciones ilícitas o agresivas contra la hacienda española.

Pero dentro de esa nueva ley, redactada con tanta ambigüedad que permite al gobierno cualquier acción en contra de cualquier ciudadano o empresa, dista mucho de vulnerar o debilitar a las grandes empresas. La ley que obliga a todos los expertos en fiscalidad a denunciar prácticas agresivas de declaraciones impositivas, aun no siendo ilegales, no identifica o define a qué se denominan “prácticas agresivas”, dejándolo a criterio, de los futuros inspectores de hacienda este criterio. Además, si las prácticas agresivas son legales, también pueden ser punibles, algo inconcebible, es decir, si conduces correctamente pero el inspector de tráfico considera que aún dentro de la norma observa algún aspecto de agresividad en tu cara o en tu vehículo, el conductor a lo mejor no, pero el que va sentado a su lado, si no lo ha denunciado, puede ser penalizado. No existe amparo legal en tal sistema punitivo, con lo que la ley en sí misma, sin una descripción clara de cada elemento definido en dicha ley, no tiene base de ser implementada.

Todo ello, basado en el acuerdo europeo de persecución de las evasiones fiscales, pero en cada país, la ley ha sido identificada de forma distinta, y más aún, la ley solo ampara a los países de la Unión Europea, pero sólo a los países de la Zona Euro y que no amparen paraísos fiscales como Portugal, Belgica, Francia, Dinamarca, …, que eso no lo indican. Ello conlleva a un segundo elemento, si las empresas de asesoramiento fiscal están fuera de la zona europea, éstas no pueden ser condenadas ya que son ajenas a las disposiciones de la Unión Europea, y a disposiciones que internacionalmente no tienen amparo dada su ambigüedad.

Con lo que volvemos a la base del objetivo de la ley y su ineficiencia. Si el objetivo era la persecución de las prácticas ilícitas o creativas de las empresas multinacionales, éste queda fuera de control del estado en el momento en que las empresas de este tipo trabajan con grupos ajenos a la propia Unión Europea. En cambio, ponen en un peligro de total desamparo a los ciudadanos de a pie y a las pymes ante la total impunidad que se le da a los inspectores de hacienda a la hora de interpretar una ley que no ha sido claramente definida.

Y es que, “prácticas agresivas” no identifica absolutamente nada. Una práctica amparada en una ley nacional e internacional no puede ser definida como práctica agresiva por más que beneficie a la empresa ante el estado. Habría, más bien, que evaluar la capacidad o la incompetencia de los que hacen las leyes y no intentar tapar el sol con un dedo.

El problema es que esos mismos incompetentes serán los responsables de definir qué es una práctica agresiva o no agresiva, y evidentemente la decisión la ampararán en su total ignorancia.

Hay un principio jurídico de todo estado de derecho, y es que la ley está para cumplirse. Si la ley no está correctamente establecida, es obligación del estado corregirla para cumplir con los estándares u objetivos del estado de derecho, pero crear leyes ambiguas que quedan a interpretación subjetiva del que tiene que aplicarlas nos lleva a estados autoritarios y nos aleja del estado de derecho.

Esta nueva ley, es una de esas tantas leyes que en los últimos tiempos han visto la luz y que realmente a quien desampara es al ciudadano y no a los ricos como se pretende plantear. Más aún, sólo afecta a las empresas europeas, pero no a todas las empresas asiáticas, americanas o de cualquier otro origen que suelen ser las empresas que más defraudan a los estados receptores. Esta ley dará alas a todas las empresas extranjeras e incluso asesores internacionales dejando totalmente hundido el mercado de asesoramiento fiscal nacional y a las pequeñas y medianas empresas, así como a los trabajadores españoles. ¡Otra ley que busca el relanzamiento de la economía española!, posiblemente