LA IGNORANCIA EN LA TERMINOLOGÍA ECONÓMICA NOS PUEDE LLEVAR A ACCIONES TOTALITARIAS

En estos días, como no estamos para sustos, la falta de criterio y experiencia en materia económica de muchos políticos hace que sus discursos puedan ayudar a desarrollarse políticas totalitarias dentro de las mismas democracias europeas.

No es novedad para muchos que partidos de ultraizquierda, antiguamente llamados comunistas, puedan sugerir la nacionalización de empresas y cualquier tipo de entidad financiera o económica, ahora y siempre. Lo extraño en todo este discurso es que políticos de la social democracia de la talla de exministros como Borrell, puedan caer en este tipo de confusión.

Inicialmente deberíamos comenzar por hablar de uno de los elementos que en estos días se está hablando: esto es una guerra. Si tomamos la definición de guerra desde el punto de vista político y legal, es el estado el único que puede declarar una situación de esa índole, y por ende, definir contra quién la establece, y esta no puede ser un bichito sin legalidad o jurisprudencia, tiene que ser otro estado soberano, con lo que o se declara la guerra a China o desde el punto de vista político no es un estado de guerra.

Otra situación es una guerra económica, que aunque no definida, sí que el gobierno está asumiendo poderes de control que nos darían que pensar que existe una guerra económica no declarada contra un enemigo no declarado pero sí que claramente definido, China. Si bien, esa declaración de guerra económica no ha sido formulada, los gobiernos por su parte, excepto Estados Unidos, están intentando por todos los medios calmar las aguas, sin que por ello sigan disponiéndose medidas legales más de una guerra económica abierta que de un malentendido. Es curioso ver como todos los gobiernos intentan quitarle culpas a China sobre la propagación de la pandemia y lo transforman en un hecho de la naturaleza, cuando la propia China culpó a Estados Unidos, no hace ni 15 días de que el coronavirus era sintético y lo había propagado su archienemigo en respuesta a las acusaciones cruzadas de ambos países. Los dos únicos países que han investigado en ese campo son los dos que tienen claro su origen sintético, el resto están buscando evitar denunciar a nadie, pero esto sería otro tema de otro artículo.

Siguiendo con la situación de crisis y sus comunicados poco afortunados, hay que recordar que la crisis del 2008 provocó la INTERVENCIÓN, que no la NACIONALIZACIÓN, de entidades bancarias que fueron puestas a disposición de otras entidades para su regulación. Los gobiernos sólo se comprometieron con la adquisición de los productos más “insanos” económicamente hablando y crearon el “banco malo”, pero en modo alguno hubo nacionalizaciones de ningún tipo, y la intervención se hizo sobre organismos donde el estado ya era interventor, pues las Cajas de Ahorros no eran entes privados y tenían representación del gobierno en sus estamentos, antes ya de la crisis, es decir, el Estado fue corresponsable de la crisis generada por los bancos, aunque fuere por omisión.

Este elemento es clave para entender que la economía actual puede encontrarse muy limitada y con la necesidad de ayudas gubernamentales, pero que en modo alguno supongan la vuelta a la nacionalización de dichas empresas. En caso de llevar a cabo estas nacionalizaciones tendríamos que volver a tomar en consideración cual ha sido el protagonismo de los gobiernos en la crisis de las empresas, y la respuesta es el 100%, por lo que estaríamos transformando el futuro del mercado libre en un capricho de gobiernos demo-totalitarios, al estilo de Venezuela, ya que es de elección democrática, aunque su funcionamiento sea totalitario, y cada vez que se quisiera nacionalizar industria, con un simple mandato como el actual podrían hacer que las industrias pasaran a manos de los gobernantes de ese momento.

En modo alguno, las ayudas que las empresas privadas reciban o necesiten recibir para la recuperación de su situación de correcto funcionamiento tiene que pasar por la EXPROPIACIÓN de las mismas o la intervención del Estado en sus Consejos de Administración. Más aún, se debería evaluar la responsabilidad de los estados, su negligencia, falta de preparación e incapacidad para gestionar este tipo de crisis, de los cuales son los únicos responsables, y tanto las empresas como los ciudadanos que votan a sus gobernantes deberían pasarle el coste que les ha generado a todos este auténtico caos. Un caos que podría haber sido evitado.

Si la responsabilidad no es de nadie externo al país, es el gobierno el que tiene que pagar la factura, y curiosamente, la UE no es responsable al evitar entrar en disposiciones de todo el grupo de dejarlos en manos de cada país. Es decir, son los gobiernos de los países los que tienen que pagar la factura de esta incompetencia.

Si por el contrario se define que esto es motivado por una guerra, los gobiernos deberían afrontar la definición del enemigo, en dicho caso, y pasarle la factura para luego compensar a los ciudadanos y las empresas afectadas.

Pero aquí no vale la demagogia de la indefinición, es una guerra, pero no lo es; es una mala gestión pero no la es; tomo las decisiones pero no me responsabilizo de ellas; digo algo, pero fue un lapsus de la precipitación. Gobiernos incompetentes existen en todo el planeta, pero las leyes de los países están para juzgar tanto su gobierno como los inconvenientes y las repercusiones pecuniarias de sus acciones. Igual que en una inundación, el gobierno es el que paga por no haber provisionado la situación, en este caso el gobierno es el que debe pagar SIN EXPROPIAR por no haber estado a la altura de las circunstancias o no atreverse a pasarle la factura al responsable de la misma.

Si el problema era que no teníamos material sanitario en stock para afrontar algo de esta índole, no seamos incompetentes y nos pongamos a comprar el material a los generadores de la crisis, creemos nuestra industria, a lo mejor que esa sí que tiene que ser del estado en caso de que realmente no exista en el país, pero que seamos capaces de afrontar en el futuro situaciones de este tipo. Es en este tipo de decisiones donde los ciudadanos pueden valorar las verdaderas capacidades y competencias de sus gobernantes.