LAS DEMANDAS LEGALES CONTRA EL GOBIERNO Y LAS FARMACIAS PUEDEN SER MILLONARIAS

Es sorprendente observar la baja calidad de las administraciones, tanto de los gobiernos como del sector de distribución farmacéutico a la hora de gestionar los productos sanitarios destinados a la protección ante la pandemia.

Si una entidad ofrece un protector contra la pandemia y esta no cumple con las indicaciones marcadas por la misma entidad, o si la entidad no informa de los límites de dicho protector, se estará incurriendo en un delito grave contra el usuario de dicha protección en un medio altamente contaminado.

Muchas veces recordamos ante accidentes nucleares, como muchos técnicos son enviados a sofocar las situaciones sin saber que los equipos que llevaban no eran suficiente para el tiempo de exposición al que eran sometidos, y por consiguiente, la cantidad de muertos que se han generado en dichos accidentes. Muchas veces, los medios han condenado dicha actitud y la sociedad ha reclamado acciones legales contra quienes con conocimiento de causa enviaron a esas victimas a desarrollar su trabajo sin los equipos necesarios.

Los gobiernos, en un intento de socializarse con sus votantes está disponiendo el regalo de máscaras, guantes, gafas o similares, sin tener en cuenta que dichos productos, lejos de ser una protección real, pueden llegar a transformarse en un problema para el individuo.

En el caso de las máscaras que se están regalando son elementos que en el mejor de los casos están catalogados para un uso máximo de 4 horas, cuando los gobiernos lo están entregando a primera hora de la mañana para personas que en su mayoría van a trabajar no menos de 8 horas. Además, dichas máscaras están destinadas a que el individuo no contagie, pero ello no implica que no se pueda contagiar, es simplemente una barrera de protección poco eficaz.

En el caso de los guantes, la entrega de guantes de vinilo o latex no ofrecen la mínima garantía, los destinados para entornos de contagio son los de nitrilo, mucho más caros y que no han sido adquiridos por las administraciones en la mayoría de los casos para regalo en las calles.

A ello hay que sumar que los distribuidores farmacéuticos no estaban preparados para este tipo de contingencia y, en la mayoría de los casos, desconocen totalmente el mercado asiático lo que ha llevado a la presencia de mucho intermediario oportunista a ofrecer todo tipo de producto que por la urgencia están siendo aceptadas sin el conocimiento de la documentación mínima necesaria que los productos deben llevar, y es que como se sabe, de China llega todo tipo de producto.

Más aún, el gobierno chino ha tenido que tomar medidas para que cualquier producto que se exporte desde China y se requiera un mínimo de calidad de producto, y las certificaciones legales de los productos, lleven adicionalmente un certificado de aprobación a la exportación por parte del mismo gobierno.

Ante esta situación, los ciudadanos que salgan a la calle se encuentran con una indefensión completa, dado que los precios oscilan vertiginosamente, los regalos de los gobiernos se entienden que deben tener un mínimo de garantía de calidad y los puntos de venta o suministro de estas no son capaces de dar un mínimo de información relativamente veraz.

Ante las circunstancias, hay que prever que muchos de los ciudadanos que vuelven a sus jornadas laborales se encuentren totalmente desvalidos del posible contagio, y con ello la posibilidad de enfermar. Es en este caso donde la negligencia de los gobiernos y de las entidades sanitarias que hayan vendido los productos que no atienden a las mínimas calidades indispensables para protegerse del contagio tienen una responsabilidad civil y pecuniaria, y no sólo moral.

Los gobiernos podrán intentar justificarse con que los posibles agentes de contagio pueden haber sido otros, pero todas las entidades jurídicas conocemos que ante una negligencia del gobierno o de quien sea ante un acto determinado, la responsabilidad civil existe. Sólo hay que recordar que, ante un pinchazo, accidente, …, en una calle urbana con un hueco en el pavimento, la responsabilidad subsidiaria es de la alcaldía, en caso de que no se pueda alegar o justificar otra causa en sí mismo.

Si el servicio farmacéutico fuese inteligente no colaboraría en dichas acciones sin un acuerdo claro de que la única responsabilidad de la distribución de dichos productos recae en las administraciones públicas.

La falta de entrega de material de calidad solo responde a un problema del que nadie quiere hablar, la falta de fondos para la compra de material. Sólo indicar que ofrecer una máscara de calidad, KN95-FFP2, a toda España supondría una inversión máxima de 100 millones de euros, lejos de las cantidades mil millonarias de dinero a repartir del que habla el gobierno.

Las acciones irresponsables de los gobiernos, las omisiones de información de estos, la colaboración del sector farmacéutico y la falta de conocimiento y transferencia de la información a los usuarios de los productos de protección entregados genera en dichas entidades una responsabilidad jurídica a la que van a tener que enfrentarse de forma individual o mancomunada. Y la factura puede ser muy elevada.

No duden en contactarnos en caso de necesidad de más información.